La propuesta contempla beneficios fiscales y líneas de crédito a cambio de completar obras abandonadas de más de 2.000 m². Las construcciones deberán destinar un porcentaje de sus unidades a alquileres o ventas accesibles.
El bloque Confianza y Desarrollo presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para destrabar y finalizar las construcciones privadas abandonadas que proliferan en distintos barrios. La iniciativa, encabezada por el diputado Emmanuel Ferrario (junto a María Eugenia Ocaña y Edgardo Alifraco), apunta a recuperar los denominados “esqueletos urbanos” para transformarlos en viviendas o polos productivos.
La medida está dirigida exclusivamente a obras privadas paralizadas hace al menos cinco años, que cuenten con más del 60% de avance y una superficie construida mínima de 2.000 m² (en terrenos de más de 500 m²).
El requisito clave: viviendas a precios accesibles
Para acceder a los beneficios estatales, los desarrolladores deberán presentar un Plan de Adecuación que incluirá una condición central de asequibilidad habitacional: la aprobación del proyecto estará atada a que una porción de los departamentos o locales se ofrezca a valores de venta o alquiler acordes a los ingresos medios de la zona.
Exención de ABL, subsidios y créditos del Banco Ciudad
Para incentivar la reactivación, el proyecto combina ventajas tributarias con financiamiento directo:
Alivio impositivo: Exención del ABL por hasta dos años durante el desarrollo de la obra, condonación o compensación de deudas fiscales previas y descuentos en contribuciones por mejoras.
Apalancamiento financiero: Los desarrolladores podrán optar por un subsidio directo de hasta el 25% del costo para terminar la obra o acceder a créditos en UVI del Banco Ciudad (con una bonificación del 40% en la tasa de interés y plazos de hasta 15 años).
Trámites ágiles: Reducción de tasas y circuitos preferenciales de habilitación administrativa.
Control estricto y devolución en caso de incumplimiento
Los incentivos se liberarán de forma escalonada según los avances reales constatados mediante inspecciones semestrales.
Sanciones por abandono: Si el desarrollador no concluye los trabajos dentro de los plazos comprometidos (salvo razones de fuerza mayor), perderá la concesión y deberá devolver la totalidad de los subsidios y beneficios fiscales percibidos con intereses.
Los fondos para financiar el régimen saldrán del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Urbano, y el Ejecutivo deberá rendir informes semestrales a la Legislatura sobre el estado de cada obra recuperada. El proyecto pasará ahora al debate en las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.
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