Tras la madrugada de tensión durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina el pasado 12 de julio, ingresó un pedido de informes en la Legislatura. El Ejecutivo de Jorge Macri tendrá 30 días para responder por el uso de gases, balas de goma, la cadena de mando y el costo financiero del despliegue.
Lo que prometía ser una jornada de absoluta fiesta popular y desahogo en las calles tras un nuevo triunfo de la Selección Nacional de fútbol, terminó de la peor manera: corridas, heridos, detenciones y un aire viciado por gases lacrimógenos en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. La madrugada del pasado domingo 12 de julio dejó postales alarmantes en las inmediaciones del Obelisco y la avenida 9 de Julio. Ante la gravedad de los hechos, el conflicto social se trasladó formalmente a la arena política.
En las últimas horas, ingresó en la Legislatura porteña un severo proyecto de resolución impulsado por el legislador Federico Mochi, el cual exige que el Poder Ejecutivo de la Ciudad —en un plazo perentorio de 30 días— brinde un informe exhaustivo, técnico y financiero sobre el cuestionado accionar de la Policía de la Ciudad durante el operativo de dispersión.
La iniciativa no busca meras declaraciones políticas, sino datos crudos y responsabilidades institucionales. El pedido pone la lupa sobre el criterio de «proporcionalidad» en el uso de la fuerza por parte de los efectivos contra una multitud que se había concentrado de manera espontánea.
Las claves del pedido de informes: del costo al armamento «menos letal»
El proyecto de resolución articula sus exigencias en varios ejes críticos que buscan desarmar la opacidad del operativo:
* **La Cadena de Mando:** Se solicita identificar de manera precisa a la autoridad máxima a cargo del procedimiento y el desglose de la cantidad de efectivos afectados, detallando sus respectivas categorías y dependencias.
* **Gasto Público:** El documento exige ponerle un número al despliegue. El Gobierno porteño deberá rendir cuentas sobre el costo total del operativo, incluyendo gastos en horas extraordinarias de los agentes, combustible, logística, municiones y los agentes químicos utilizados, detallando además de qué partida presupuestaria se extrajeron los fondos.
* **Uso de la Fuerza y Armamento:** Uno de los puntos más sensibles radica en el uso de armas denominadas «menos letales». El Ejecutivo deberá especificar si se autorizó el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma; de ser así, tendrán que remitir el protocolo que avaló dicha orden, precisar la cantidad de munición disparada y justificar la metodología de los disparos.
* **Infiltrados Civiles y Logística:** El texto interroga sobre el parque automotor utilizado (móviles, camiones hidrantes y vehículos sin identificación). Asimismo, se sembró una fuerte duda institucional: el proyecto consulta directamente si participaron efectivos policiales sin uniforme (de civil) en tareas de dispersión o detención, y bajo qué amparo legal lo hicieron.
* **El Saldo de los Incidentes:** Se reclama un registro pormenorizado de los detenidos (lugar, hora, sumario y si contaron con la debida asistencia de la defensa oficial), además del reporte de las intervenciones del SAME, personas asistidas, traslados hospitalarios y el número de efectivos policiales heridos.
«Interrogantes sobre la proporcionalidad»
En los fundamentos de la medida, Mochi fue contundente al señalar que el carácter de la movilización ciudadana era pacífico y festivo en su origen, volviéndose caótico tras la irrupción de la infantería y los camiones hidrantes. El legislador advirtió que el despliegue plantea «interrogantes sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y las órdenes impartidas».
Con esta presentación, la oposición parlamentaria busca activar los resortes de control que prevé la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, el reloj corre para el Ministerio de Seguridad local, que deberá desglosar las bitácoras de una madrugada en el Obelisco que, lejos de quedar en el olvido de las celebraciones futbolísticas, se encamina a un complejo debate institucional por los Derechos Humanos y el control de la protesta en el espacio público.
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