Tras el operativo de inspectores de Espacio Público en la emblemática esquina de Acoyte y Rivadavia, el bloque opositor de la Legislatura presentó un severo proyecto. El pedido de informes llega días después de que Jorge Macri afirmara que dar alimentos en la vía pública «genera dependencia».
La tensión política por el abordaje de la vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo institucional. Un amplio arco de legisladores porteños presentó un fuerte pedido de informes para que el Poder Ejecutivo local rinda cuentas sobre un polémico operativo realizado el pasado domingo 12 de julio en la intersección de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el corazón del barrio de Caballito (Comuna 6). Allí, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana intervino e intimó a los voluntarios de la agrupación “Peronismo Solidario” mientras realizaban su habitual jornada de entrega gratuita de viandas a personas en situación de calle.
La iniciativa parlamentaria, impulsada por el legislador Claudio Ferreño y acompañada por Matías Barroetaveña, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Federico Mochi y Delfina Velázquez, entre otros, le otorga al Gobierno porteño un plazo de 30 días para responder por un procedimiento que las organizaciones comunitarias ya califican como un «esquema de hostigamiento y persecución al trabajo solidario».
¿Persecución o regulación? El cuestionario de los legisladores
El proyecto de resolución ingresado en la Legislatura busca desarmar el andamiaje legal y administrativo detrás de la orden que interrumpió la actividad comunitaria. Entre los puntos medulares que el Ejecutivo deberá contestar por escrito, se destacan:
Los fundamentos jurídicos: Cuáles fueron los motivos técnicos, administrativos y legales precisos que justificaron la irrupción de los inspectores en Caballito, además de detallar qué organismo específico emitió la orden de servicio.
Origen de la actuación: Si el operativo de control respondió a un expediente interno de oficio, a un requerimiento de la cartera de Seguridad o a una denuncia previa realizada por algún particular.
El dilema de los «permisos solidarios»: Los legisladores exigen al Gobierno que aclare si existe efectivamente un régimen normativo de autorizaciones para distribuir alimentos de forma gratuita en el espacio público. En caso afirmativo, demandan que se especifique la ley que lo ampara y qué dependencia tiene la potestad de otorgarlo.
Una directiva bajo el eco de declaraciones oficiales
El trasfondo del conflicto no es meramente administrativo. El operativo de control en Caballito se ejecutó escasos días después de que el propio Jefe de Gobierno, Jorge Macri, reavivara la polémica en torno a la problemática habitacional de la Ciudad al declarar públicamente que la entrega de viandas y abrigo en la vía pública —por parte de ONG y organizaciones religiosas— «genera dependencia» y «atrae a más personas sin techo» hacia el distrito capitalino.
Aquel posicionamiento oficial pareció traducirse de inmediato en una bajada de línea inspectora. Según denunciaron referentes de las redes de solidaridad vecinal, las actas de intimación no se limitaron a Caballito: en las últimas horas se replicaron procedimientos y presiones similares contra ollas populares y comedores ambulantes en los barrios de Recoleta, Palermo, Colegiales y sectores vulnerables de la periferia sur, como Villa Lugano y Zabaleta.
Los voluntarios afectados señalaron que los inspectores actuantes aducen verbalmente la necesidad de tramitar «permisos de uso de espacio público», aunque sin detallar la reglamentación ni los códigos administrativos correspondientes. Mientras la comunidad eclesiástica, las redes parroquiales y los movimientos sociales de la Ciudad permanecen en estado de alerta advirtiendo el «costo humano» de frenar la asistencia en un contexto socioeconómico crítico, la disputa legislativa promete abrir un debate profundo sobre el límite entre el control del espacio público y la criminalización de la asistencia alimentaria de emergencia.
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